(AW) El pueblo diaguita de la comunidad Indio Colalao, de la Base Riarte, manifestó ayer lunes frente a los tribunales de San Miguel de Tucumán para pedir la liberación de Beco Mercado y Manuel Pastrana, el cese de la persecución judicial por parte de dos terratenientes y la restitución de sus tierras.
Liliana Giambelluca (especial para Agencia Walsh)
Fotos: Gonzalo Avila.
Portando sus banderas originarias, wiphalas y carteles de protesta, un grupo de comuneros diaguitas se convocaron ayer en horas de la mañana en la Plaza Urquiza. Luego marcharon hacia los tribunales para pedir por la inmediata liberación de su hermano Beco Mercado y Manuel Pastrana, detenidos el 27 de julio último por orden del fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Segundo Herrera.
La causa judicial que originó 25 órdenes de detención dictadas por Herrera fue iniciada por los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, quienes denunciaron "tentativa de homicidio, lesiones, robo y amenazas" por parte de los diaguitas.
Atento a la medida, pasado el mediodía se presentó en los tribunales el comunero Ubaldo Humano, quien luego de declarar quedó en libertad.
Con el fin de "visibilizar la situación", la comunidad se mantuvo "en vigilia" en la Plaza Independencia, mientras cantaban coplas acompañados del sonido de los sikus y esperaban la liberación de sus hermanos Beco y Manuel. Como ello no se produjo, a la tardecita los diaguitas abandonaron el lugar.
La causa judicial que originó 25 órdenes de detención dictadas por Herrera fue iniciada por los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, quienes denunciaron "tentativa de homicidio, lesiones, robo y amenazas" por parte de los diaguitas.
Atento a la medida, pasado el mediodía se presentó en los tribunales el comunero Ubaldo Humano, quien luego de declarar quedó en libertad.
Con el fin de "visibilizar la situación", la comunidad se mantuvo "en vigilia" en la Plaza Independencia, mientras cantaban coplas acompañados del sonido de los sikus y esperaban la liberación de sus hermanos Beco y Manuel. Como ello no se produjo, a la tardecita los diaguitas abandonaron el lugar.
En la tarde de ayer, bajo el título "El genocidio del Gral. Roca continúa hoy en Tucumán", la Comunidad Indio Colalao, PJ 33/11-RENACI, denunció:
- Que desde tiempos inmemorables nuestra familias habitan con orgullo el territorio de uso comunitario de Base Riarte, perteneciente a la Comunidad Indio Colalao, y que desde principio de la década del 90 sufre el hostigamiento, amenazas, matanza, robo de ganado, contaminación, desalojos violentos por sicarios y policías contratados por empresarios usurpadores de nuestro territorio, todo esto está denunciado y documentado en el ámbito policial y demás esferas institucionales.
- Cuando nuestra comunidad reclamó por las violación de nuestros derechos, encontró una justicia que en vez de protegernos en el marco legal existente, nos persigue, nos reprime, nos encarcela, viola derechos elementales, demostrando que existe un plan sistemático donde intervienen policías, jueces de paz, fiscales, jueces, legisladores y funcionarios parientes, asociados a grupos empresarios con intereses en la expansión de la frontera sojera.
- Estos procedimientos son tan irregulares e indiscriminados que desconocemos quiénes hoy tienen efectivamente orden de detención, ya que sin haber sido citados a declarar por las supuesta usurpación de nuestro propio territorio ancestral, sabemos por trascendidos que existen 25 órdenes de detención para comuneros de Indio Colalao, lo que constituye una verdadera cacería, que moviliza a más de 400 policías en nuestro territorio, lo que nos recuerda al genocidio del General Roca en la conquista del "desierto".
- En Tucumán gran parte de la Justicia está manchada por los poderosos que pisotean la Constitución, los tratados internacionales y desoyen el mandato de la ley 26.160 y su prórroga ley 26.554, creada por el gobierno nacional para proteger y restituir derechos de los pueblos originarios.
EXIGIMOS:
- LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE NUESTROS COMUNEROS ALBERTO MERCADO Y MANUEL PASTRANA, detenidos el 27 de julio.
- EL CESE DE LA CONSTANTE VIOLACIÓN DE DERECHOS INALIENABLES A NUESTRA COMUNIDAD por parte de la Firma ZANJA HONDA, Presidente FREDY MORENO NÚÑEZ VELA, junto a su socia AGRO-AVANCE, perteneciente al SR. JORGE POSSE; la Fiscalía X del Dr. Guillermo Herrera y el Juzgado III del Dr. Francisco Pisa.
- La inmediata intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, certificando nuestra preexistencia como Comunidad Originaria e instrumentando las medidas necesarias para la inmediata instrumentación de la Ley 26.160 promovida y ejecutada por el Gobierno Nacional y desoída por el Poder Judicial de Tucumán.
- La presencia en Tucumán de la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados de La Nación y veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se realice una investigación para determinar quiénes son los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en un país democrático donde esto no debería ocurrir.
San Miguel de Tucumán, 6 de agosto de 2012.
- LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE NUESTROS COMUNEROS ALBERTO MERCADO Y MANUEL PASTRANA, detenidos el 27 de julio.
- EL CESE DE LA CONSTANTE VIOLACIÓN DE DERECHOS INALIENABLES A NUESTRA COMUNIDAD por parte de la Firma ZANJA HONDA, Presidente FREDY MORENO NÚÑEZ VELA, junto a su socia AGRO-AVANCE, perteneciente al SR. JORGE POSSE; la Fiscalía X del Dr. Guillermo Herrera y el Juzgado III del Dr. Francisco Pisa.
- La inmediata intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, certificando nuestra preexistencia como Comunidad Originaria e instrumentando las medidas necesarias para la inmediata instrumentación de la Ley 26.160 promovida y ejecutada por el Gobierno Nacional y desoída por el Poder Judicial de Tucumán.
- La presencia en Tucumán de la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados de La Nación y veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se realice una investigación para determinar quiénes son los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en un país democrático donde esto no debería ocurrir.
San Miguel de Tucumán, 6 de agosto de 2012.
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