Lo dice un informe de
la Auditoría General de la Nación. El Gobierno debía censar a todas las
comunidades del país. Pero sólo llegó al 4,22%. Y no se sabe qué pasó
con el 60% del dinero usado.
Era el año 1902, cuando a los Paichil
Antriao se les comunicó que desde Buenos Aires, el Gobierno los
reconocía como propietarios de las tierras en las que vivían desde
siempre. Apenas habían pasado ocho años de la Campaña del Desierto y el
decreto lo firmaba quien había conducido aquella matanza, Julio
Argentino Roca, ahora convertido en Presidente de la Nación. Pero de
esas 625 hectáreas que la comunidad mapuche tenía en uno de los lugares
más bellos de la Patagonia, Villa La Angostura, hoy no les queda nada.
Ni siquiera su lugar sagrado.
La ley 26.160, sancionada el 23 de
noviembre de 2006, intentó reparar eso y se convirtió en una de las
banderas del oficialismo. La ley decretó la emergencia territorial de
las comunidades indígenas, frenando los desalojos y estableció un plazo
de tres años para realizar un relevamiento de los territorios. Pero un
informe de la Auditoría General de la Nación –el organismo que controla
las cuentas del Estado– determinó que en tres años sólo se relevó el
4,22 por ciento de las comunidades, y que además se desconoce a donde
fue a parar el 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a
las provincias para llevar adelante el programa.
“El Programa de Relevamiento Territorial
–señala el informe de la AGN– ha logrado un escaso nivel de ejecución
en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades
indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por
ciento”.
Además, la AGN encontró que de las once
provincias que recibieron fondos, seis nunca informaron en qué habían
gasto el dinero. Se trata de Santa Cruz, Chubut, Misiones, Neuquén,
Santiago del Estero y Tucumán. “Resultados ínfimos” definió la Auditoría
sobre el estado del relevamiento.
El INAI (Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas), que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo
Social, es el organismo encargado de llevar adelante el programa. Sus
voceros admitieron que existe un retraso, que son varias las provincias
que tienen sus cuentas en rojo y que por eso razón el ministerio ya
envío intimaciones. Sin embargo, en el INAI relativizaron la auditoría
y, oficialmente, reconocen que de las 1.600 comunidades hasta ahora sólo
se relevaron 300. Aseguran también que al comienzo del programa
estimaban que sólo debían relevar 600 comunidades.
En noviembre de 2009, cuando ya era un
hecho que el relevamiento no estaría listo en el plazo establecido se
sancionó una nueva ley que fijó una prórroga de tres años. En el INAI
sostienen que uno de los principales problemas es la “superposición de
jurisdicciones”. “Hay facultades concurrentes –dijo el vocero del
organismo– y por eso no podemos avanzar, es complicado definir de quién
es la jurisdicción, si de Nación o la provincia”.
Mientras el gobierno central y las
provincias no logran ponerse de acuerdo, la AGN determinó que además,
los convenios que el INAI firmó con otras entidades no hicieron más que
diluir el presupuesto: “No hay fundamentos que justifiquen la
tercerización del servicio”, dice el informe sobre el convenio con la
Fundación Argeninta, que debía administrar esos fondos. La AGN también
cuestiona que se haya contratado a la Universidad de Lanús para
seleccionar personal y definir la operatoria del relevamiento: de los
11,5 millones de pesos que había recibido la UNLA, sólo se rindieron 3,2
millones.
Gustavo Macayo, abogado indigenista que
actuó en la causa Benetton, señala: “El problema es que son comunidades
en conflicto, por eso este relevamiento es una herramienta jurídica y
política.
Se van a blanquear las situaciones si
realmente se quiere la titularización de las tierras para las
comunidades. El problema es que hay provincias como Neuquén que sólo
ponen palos en la rueda, hay comunidades que no están ni enteradas de lo
que tienen que hacer”.
El relevamiento es el primer paso –así fue concebida la ley– para saldar una deuda histórica.
Hoy todavía no se sabe con exactitud
cuántos son y cómo viven los indígenas argentinos . El censo aportó
algunos datos: que son 955 mil –número cuestionado por las comunidades– y
que la mitad de ellos no tienen ningún tipo de cobertura médica.
Pero el otro punto no escrito que
implica este relevamiento es que obliga a redefinir el papel del Estado
cuando se trata de discutir tierras en conflicto .
“El informe de la AGN –agrega Micaela
Gomiz, abogada y representante de mapuches– es una muestra del estado en
que está la ley. No se hizo nada. Pero el otro problema es que la ley
no va a la cuestión de fondo ¿qué pasa después con esas tierras? ¿se va a
reconocer la tierra que ocupan hoy o en la que vivieron siempre? Hay
resistencia de gobiernos provinciales pero tampoco hay del gobierno
nacional una iniciativa clara”.
Hoy, las cuarenta familias de los
Paichil Antriao viven arrinconadas en la ladera del cerro Belvedere.
Allí, cultivar es casi tan milagroso como levantar una casa. Los Paichil
Antriao están en conflicto. Ya saben de desalojos y represión. Diez
personas aseguran ser los propietarios de las 125 hectáreas que les
quedaron. Manu Ginóbili es uno de ellos. A esa comunidad, como a tantas
otras, hasta ahora, nadie llegó para hacer el relevamiento.
Los informes de la Auditoria General de la Nación: Informe I Informe II
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