Los atropellos contra los pueblos originarios llegan a Naciones Unidas.

Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su relator especial para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, dio un crudo informe sobre su visita a la Argentina, y narró la criminalización de la protesta. Verónica Huilipan dialogó con ACTA.

Verónica Hullipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA y miembro del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), estuvo en el encuentro donde se agregó un nuevo motivo de preocupación, la ignorancia de los derechos de las comunidades originarias en la reforma del Código Civil.

 

-Cuáles fueron los puntos centrales del informe de Anaya?

 Manifestó su preocupación por la judicialización de la protesta de los pueblos originarios, la cantidad de desalojos que se producen en todas las zonas del país y el avance de las industrias extractivas sobre los territorios ancestrales.

Se volvió a reclamar a los enviados de la Cancillería argentina que se realice un relevamiento técnico jurídico sobre las tierras indígenas y mientras tanto se detenga cualquier desalojo. Ante esto, la cancillería recordó que mediante la Ley de Emergencia 26.160 los desalojos están suspendidos hasta noviembre de 2013, aunque admitió que se han ordenado desocupaciones.

-¿Qué efectos concretos tendrá esto?

 El relator elaborará una serie de recomendaciones que el Estado debe cumplir para poner fin a las violaciones de los derechos humanos de los pueblos originarios. El tema no es solo la responsabilidad del gobierno frente a los pueblos originarios. El tema es que la Argentina aparece violando tratados de los que es signataria. No olvidemos que hay convenios como el 167 que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía de sus territorios, a la identidad y darse la forma de organización que decidan como nación.

-Se agregó un nuevo tema de preocupación.

 Planteamos que la reforma al Código Civil se está realizando sin consultar a los pueblos originarios y viola sus derechos territoriales. El tema fue presentado ante el gobierno argentino por el representante de Naciones Unidas.

-Cuando estuvo en el país Anaya visitó especialmente la comunidad La Primavera, donde él mismo fue agredido.

Se repiten las agresiones. El Estado debe protegerlos. Lo indicó el propio relator. Lo que pasa con los hermanos de esa comunidad es una vergüenza para el país. Las Naciones Unidas han venido darle su resguardo frente a los constantes hechos de violencia. También recibieron una medida cautelar del Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo como se denuncio ante la ONU han vuelto a atropellar hace unos días al cacique Félix Díaz. Lo dejaron tirado en la ruta. Amenazaron a su hija. 

-¿Qué expectativa se llevan las organizaciones de los pueblos originarios?

 Entendemos que la intervención de Naciones Unidas debería servir para abrir un diálogo profundo y sincero con el gobierno federal para que en la Argentina se respeten de una vez por todas los derechos de los pueblos originarios. No se trata solo de derecho a sus tierras, sino también a salud, educación, respeto por su cultura.