Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su relator
especial para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, dio un
crudo informe sobre su visita a la Argentina, y narró la
criminalización de la protesta. Verónica Huilipan dialogó con ACTA.
Verónica Hullipan,
secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA y miembro
del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
(ODHPI), estuvo en el encuentro donde se agregó un nuevo motivo de
preocupación, la ignorancia de los derechos de las comunidades
originarias en la reforma del Código Civil.
-Cuáles fueron los puntos centrales del informe de Anaya?
Manifestó
su preocupación por la judicialización de la protesta de los pueblos
originarios, la cantidad de desalojos que se producen en todas las zonas
del país y el avance de las industrias extractivas sobre los
territorios ancestrales.
Se volvió a reclamar a los enviados de la Cancillería argentina que
se realice un relevamiento técnico jurídico sobre las tierras indígenas y
mientras tanto se detenga cualquier desalojo. Ante esto, la cancillería
recordó que mediante la Ley de Emergencia 26.160 los desalojos están
suspendidos hasta noviembre de 2013, aunque admitió que se han ordenado
desocupaciones.
-¿Qué efectos concretos tendrá esto?
El
relator elaborará una serie de recomendaciones que el Estado debe
cumplir para poner fin a las violaciones de los derechos humanos de los
pueblos originarios. El tema no es solo la responsabilidad del gobierno
frente a los pueblos originarios. El tema es que la Argentina aparece
violando tratados de los que es signataria. No olvidemos que hay
convenios como el 167 que reconocen los derechos de los pueblos
indígenas a la autonomía de sus territorios, a la identidad y darse la
forma de organización que decidan como nación.
-Se agregó un nuevo tema de preocupación.
Planteamos
que la reforma al Código Civil se está realizando sin consultar a los
pueblos originarios y viola sus derechos territoriales. El tema fue
presentado ante el gobierno argentino por el representante de Naciones
Unidas.
-Cuando estuvo en el país Anaya visitó especialmente la comunidad La Primavera, donde él mismo fue agredido.
Se
repiten las agresiones. El Estado debe protegerlos. Lo indicó el propio
relator. Lo
que pasa con los hermanos de esa comunidad es una vergüenza para el
país. Las Naciones Unidas han venido darle su resguardo frente a los
constantes hechos de violencia. También recibieron una medida cautelar
del Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo como se
denuncio ante la ONU han vuelto a atropellar hace unos días al cacique
Félix Díaz. Lo dejaron tirado en la ruta. Amenazaron a su hija.
-¿Qué expectativa se llevan las organizaciones de los pueblos originarios?
Entendemos
que la intervención de Naciones Unidas debería servir para abrir un
diálogo profundo y sincero con el gobierno federal para que en la
Argentina se respeten de una vez por todas los derechos de los pueblos
originarios. No se trata solo de derecho a sus tierras, sino también a
salud, educación, respeto por su cultura.
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