El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
Daniel Fernández, fue abucheado en la audiencia por la reforma del
Código Civil y abandonó la sala al grito de “mentiroso”.
“Está diciendo mentiras”. “No sos nuestro hermano”. “No nos representás”. “Yanakona (traidor)”.
Fueron algunos de los gritos que se escucharon el jueves en Neuquén, en
el marco de las audiencias públicas por la reforma del Código Civil. El
destinatario de las acusaciones fue el presidente del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, máximo
funcionario del gobierno nacional en materia de pueblos originarios.
Organizaciones indígenas de todo el país, y organismos de derechos
humanos, denuncian que el proyecto de Código Civil rebaja de categoría a
los derechos indígenas y, advierten, favorece a las industrias
extractivas que avanzan sobre territorios ancestrales.
10 minutos y 50 segundos. Es lo que duró la intervención de Fernández
en la ciudad de Neuquén, donde se desarrolló la audiencia por la
reforma del Código Civil. Le habían precedido dirigentes indígenas y
abogados de organizaciones que cuestionaron duramente el proyecto
enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“El texto del proyecto es inconstitucional porque contradice el
artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los tratados de
derechos humanos. La incorporación de la regulación del derecho indígena
en el Código Civil en los términos proyectados daría lugar a múltiples
inconstitucionalidades”, denunciaron en agosto en un documento
conjunto del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), el Grupo
de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y la Asociación de
Abogados de Derecho Indígena (AADI).
El 29 de agosto, en la audiencia en el Congreso Nacional,
Ignacio Prafil, del Consejo Plurinacional Indígena, había denunciado que
“el nuevo Código Civil enviado por la Presidenta será un retroceso
enorme para los pueblos originarios. Los derechos ganados en años de
lucha por nuestros pueblos, con éste proyecto quedarían reducidos a
simples inmuebles rurales”. El Consejo Plurinacional fue acompañado
por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de
Paz y Justicia (Serpaj) y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Daniel Fernández, del INAI, no acusó recibo de ninguna de las múltiples críticas de diversas organizaciones.
Ante una sala repleta, en la Universidad Nacional del Comahue y con
numerosos dirigentes indígenas de Neuquén, el funcionario defendió el
proyecto enviado por la Presidenta, remarcó que era “importante que la propiedad comunitaria indígena”
esté en el Código Civil e hizo un repaso de las leyes aprobadas durante
el kirchnerismo: Ley de Educación Bilingüe, Ley de Medios Audiovisuales
(“que tiende a democratizar los medios, otorga participación indígena en el Afsca y legisla sobre el derecho a la comunicación”)
y la Ley 26160 (de 2006), que debiera suspender los desalojos indígenas
y realizar un relevamiento territorial de comunidades (acción tan
atrasada que se debió prorrogar la ley).
Fernández apuntó a los tribunales de primera y segunda instancia por
no implementar los derechos indígenas, entre ellos los vigentes en la
Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT.
“El gobierno nacional, primero de Néstor Kirchner y
ahora de Cristina Fernández, es el único Gobierno que ha sancionado
leyes que implementan derechos indígenas (…). Esta inclusión (en el
Código Civil) no debe ser visto como una obstrucción, no como una trampa
para ver qué derecho puede limitar, sino como un camino progresivo para
reconocer e implementar derechos”, dijo el presidente del INAI, en tono de campaña.
Luego abordó la cuestión histórica (recordó que el Código Civil
vigente se escribió antes de la Campaña del Desierto) y recordó que la
Constitución Nacional de 1994 reconoce derechos indígenas, pero también
reconoce el dominio de los recursos naturales a las provincias. “Entonces se complica la cosa. Por eso es que la inclusión en el Código (de la propiedad comunitaria) viene
a unificar la legislación en todo el país (…) Esto no se resuelve en la
ONU, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se
resuelve en el ámbito nacional, en las discusión y en la correlación de
fuerza social y política para avanzar en la implementación de derechos”.
No fue casual la mención de la ONU y de la CIDH. En ambas
instancias internacionales se denunció al Estado Nacional por la
violación de derechos de los pueblos indígenas. Incluso esta semana, el
martes, la máxima autoridad de Naciones Unidas en materia indígenas
(James Anaya) difundió un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de
ONU. Apuntó a la violación de derechos humanos básicos (salud,
alimentación, educación) y a la avanzada territorial de empresarios y de
industrias extractivas sobre los pueblos indígenas.
El titular del INAI, que proviene del sindicalismo y que carece de antecedentes en materia indígena, siguió: “Este
es un Código con otra mirada. No es la mirada individualista ni
privatista, tiene una mirada pluricultural. Este Código reconoce
derechos colectivos”, señaló Fernández. Y fue interrumpido por una mujer mapuche: “Está diciendo mentiras”. Hubo varios chiflidos en desaprobación a Fernández.
El funcionario intentó retomar: “Hermanos, con mucho respeto…”.
Y se volvió a escuchar desde el auditorio: “No nos respetaste”.
Ya nada fue igual.
Fernández prometió que luego de la sanción del nuevo Código Civil se
avanzará en la sanción de tres leyes especiales: de propiedad
comunitaria indígena, una ley de consulta y participación indígena y en
actualizar la Ley 23302 (que creó el INAI).
Recordó que, en el marco del Bicentenario, la Presidenta había
firmado un decreto que convocó a una comisión para la reforma del Código
Civil y –metió el dedo en la llaga– y argumentó que la participación
estuvo dada por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de
Pueblos Originarios (Enotpo), donde sobresalen indígenas funcionarios
del gobierno nacional (en el INAI y en la Secretaría de Ambiente, entre
otros ámbitos oficiales).
“No hubo participación”, gritaron desde el auditorio. “No nos sentimos representados”, acusó otra dirigente mapuche.
Los coordinadores de la audiencia intentaron frenar los gritos, pero ya no pudieron.
Fernández intentó seguir: “Estoy hablando en nombre del Estado Nacional y del Gobierno”. Intentó calmar los ánimos: “Hermanos…”.
Eran múltiples los gritos críticos. Y se escuchó: “No sos hermano”.
El funcionario finalizó su exposición. Hubo algunos aplausos (estaban
presentes funcionarios del INAI, dirigentes indígenas que forman parte
del Gobierno y otros que adhieren al kirchnerismo), pero también hubo
gritos y abucheos.
Fernández de inmediato recorrió el pasillo que llevaba hacia la puerta.
“Entregador del pueblo”. “La presidente Kirchner manda a mafias como ese”. “Yanakonas” (traidores).
Los gritos de repudio no terminaban. Los coordinadores de la
audiencia pidieron silencio. No lo lograron. Y levantaron la audiencia.
Puños en alto de mapuches y un grito: “Marici Weu”, que en idioma mapuche significa “diez veces venceremos”.
Darío Aranda. Plazademayo.com
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